Dictamen para tratar el sistema de “goteo diario”

El legislador provincial Juan Carlos Pino presentó un proyecto de ley que establece un sistema de transferencias diarias de fondos provinciales hacia municipios y distintos organismos del Estado, en función de la recaudación efectiva.

La iniciativa, conocida como “goteo diario”, obtuvo dictamen en la Comisión de Economía y quedó en condiciones de ser tratada en la sesión legislativa prevista para el 30 de abril.

El esquema prevé la transferencia automática y diaria de recursos coparticipables a los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin a través del Banco de Tierra del Fuego. Estos fondos incluyen coparticipación federal de impuestos, regalías hidrocarburíferas e impuestos provinciales, distribuidos según los porcentajes vigentes.

Además, el proyecto contempla un mecanismo similar para el Poder Judicial, la Legislatura y la Fiscalía de Estado, garantizando el envío diario de fondos hasta completar mensualmente la doceava parte de sus respectivos presupuestos asignados.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la implementación de un sistema de retención automática a cargo del Banco de Tierra del Fuego para asegurar el cumplimiento de aportes y contribuciones a la Caja de Previsión Social, la caja previsional del personal policial y penitenciario y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). En caso de incumplimiento por parte del Estado provincial, el banco deberá retener los montos adeudados y transferirlos de manera directa a los organismos correspondientes en un plazo de 24 horas.

El proyecto también establece que el Ministerio de Economía deberá realizar liquidaciones y ajustes mensuales dentro de los 30 días posteriores al cierre de cada período, a fin de completar eventuales diferencias en las transferencias.

En relación con el incumplimiento de los plazos, se fija un esquema de intereses por mora, calculados en base a una tasa equivalente a una vez y media la tasa de plazo fijo en pesos a 30 días del Banco de Tierra del Fuego. Asimismo, se incorpora un régimen sancionatorio que prevé multas personales y diarias para funcionarios responsables de la falta de transferencia, incluyendo autoridades del área económica y del banco provincial.

La iniciativa también habilita a los municipios a reclamar judicialmente los fondos adeudados mediante el mecanismo de juicio ejecutivo, utilizando como respaldo certificaciones emitidas por sus áreas contables.

Por otra parte, se propone la creación de una Comisión de Participación Municipal, integrada por los intendentes y el Ministerio de Economía, que tendrá a su cargo el seguimiento de la aplicación del sistema, la verificación de las transferencias y la propuesta de medidas para su implementación.

En caso de ser aprobada, la ley entrará en vigencia en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación, período durante el cual el Poder Ejecutivo deberá regularizar la remisión de fondos pendientes bajo el esquema actual.