Milei envía al Congreso la reforma electoral: elimina las PASO, cambia el financiamiento y aplica Ficha Limpia

El proyecto impulsa el fin del financiamiento público de la política, promueve aportes privados y busca excluir de los cargos a dirigentes condenados, en una ofensiva del gobierno de Javier Milei para reducir el gasto político y terminar con la impunidad.
22/04/2026Radio FM AmistadRadio FM Amistad

En un nuevo paso de su agenda de reformas estructurales, el presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de la Nación de un ambicioso proyecto de reforma electoral que busca modificar de raíz el funcionamiento del sistema político argentino. La iniciativa, que será tratada durante este año legislativo, incluye la eliminación de las PASO, cambios en el esquema de financiamiento de los partidos políticos y la implementación de la denominada “Ficha Limpia”.

El mandatario realizó el anuncio a través de sus redes sociales, con un mensaje directo y sin matices: “MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO. ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre”. En la misma línea, reforzó el tono de su iniciativa con una consigna que sintetiza el espíritu del proyecto: “SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

El proyecto ingresará por la Cámara de Diputados, donde el bloque oficialista de La Libertad Avanza cuenta con un número relevante de legisladores propios y aliados que podrían facilitar su tratamiento inicial. Sin embargo, el escenario se vuelve más complejo en el Senado, donde la correlación de fuerzas es más ajustada y la oposición podría intentar bloquear o modificar puntos clave de la reforma.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un mecanismo que, según el oficialismo, implica un gasto innecesario para el Estado y obliga a los ciudadanos a financiar internas partidarias. No obstante, esta medida enfrenta resistencias no solo en la oposición más dura, sino también en sectores de la Unión Cívica Radical y del PRO, que consideran a las primarias como una herramienta útil para dirimir liderazgos y alianzas.

En ese sentido, un legislador del PRO con presencia territorial en la provincia de Buenos Aires advirtió: “Si vamos juntos en Buenos Aires, tendremos que resolverlo de esta manera o va a venir Karina (Milei) y nos va a querer imponer al candidato. La verdad es que nuestra capilaridad es mayor a la de LLA y nos puede ir mejor que a ellos en una PASO para definir el candidato”.

Más allá de las tensiones políticas, el proyecto también contempla una reforma en el diseño de la Boleta Única de Papel (BUP), así como nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos. En este último punto, el Gobierno apunta a eliminar el financiamiento público de las campañas electorales, reemplazándolo por aportes voluntarios, donaciones de personas humanas o jurídicas y cuotas de afiliados.

Desde la perspectiva oficial, esta medida busca terminar con el uso de recursos estatales para sostener estructuras partidarias, promoviendo un sistema más transparente y sustentado en el apoyo real de la sociedad. Sin embargo, las críticas apuntan a que este esquema podría generar opacidad en el origen de los fondos y dificultar la participación de partidos políticos menores que no cuenten con financiamiento suficiente.

En la Casa Rosada sostienen que el contexto actual —al no tratarse de un año electoral— ofrece una oportunidad propicia para debatir una reforma de fondo sin sospechas de especulación política. Además, destacan que los oficialismos rara vez recurren a las PASO para definir candidaturas a Presidente, lo que refuerza el argumento de su innecesariedad.

De este modo, el Gobierno de Javier Milei busca avanzar en una reconfiguración profunda del sistema electoral argentino, con el objetivo declarado de reducir el gasto político, aumentar la transparencia y poner fin a prácticas que, según su diagnóstico, han contribuido a la degradación institucional del país.

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