Radio FM Amistad
La sede de la Gobernación fue escenario de una jornada de alta tensión cuando empleados de la administración pública nucleados en ASPUE y la agrupación EPU se concentraron para exigir una mesa de negociación. Bajo un estricto operativo de seguridad, los manifestantes expresaron su descontento por la ausencia de convocatorias oficiales para discutir haberes en el marco de la paritaria provincial.
José Luis Piedra, secretario general de la entidad, relató en declaraciones a la prensa que se vivieron momentos de roce debido a que se impidió el libre acceso de los trabajadores al recinto. Según detalló el dirigente, solo se autorizó el paso de una comisión reducida de cuatro personas mientras que el resto de los compañeros permaneció afuera por decisión de las autoridades.
Desde el sindicato desmintieron tajantemente las versiones oficiales que justificaban el bloqueo por presuntos disturbios ocurridos días atrás. Piedra remarcó que las manifestaciones siempre fueron pacíficas y consistieron únicamente en aplausos o ruidos con elementos metálicos, sin que existan registros de daños o agresiones por parte de los profesionales.
La disputa administrativa lleva varios meses de gestiones infructuosas que comenzaron de manera informal a principios de año. El reclamo tomó carácter institucional el 3 de marzo con la presentación de una nota formal ante el responsable de la cartera económica, aunque hasta la fecha no recibieron ningún tipo de invitación al diálogo.
La dirigencia gremial manifestó su malestar por el trato preferencial que el Gobierno otorga a otras organizaciones como ATE, quienes ya se encuentran negociando salarios. El mal clima aumentó tras un encuentro del Gobernador con diversos gremios en marzo, oportunidad en la que los representantes de ASPUE fueron informados de que "nosotros no estábamos invitados" a la mesa de trabajo.
Los profesionales insistieron en que su intención es colaborar con propuestas técnicas y formación académica para paliar la crisis actual de la gestión. No obstante, señalaron que esta disposición al servicio público suele ser ignorada por las autoridades políticas de turno, quienes mantienen una actitud de distancia con el sector universitario.
Como cierre de la protesta, advirtieron que la falta de una convocatoria inmediata podría derivar en un cese de actividades que afectaría casi la totalidad del aparato estatal. Al tener representación en prácticamente todos los ministerios menos en el área de Salud, una medida de fuerza gremial pondría en riesgo la continuidad de los servicios administrativos en toda la provincia.
