Radio FM Amistad
El expediente fue incorporado a último momento en el temario y todo indica que el oficialismo buscará acelerar su avance para llevarlo rápidamente al recinto. Para muchos, esto confirma una estrategia del Ejecutivo de evitar el debate profundo en torno a una reforma que podría tener un impacto directo en la presión tributaria sobre el sector privado.
El 138/26 no aparece de manera aislada. Forma parte de un conjunto de iniciativas impulsadas por la gestión de Melella vinculadas a reordenar las cuentas públicas y reforzar la recaudación, en un contexto económico complejo. Sin embargo, desde distintos sectores advierten que el camino elegido vuelve a recaer sobre los contribuyentes.
Los documentos técnicos asociados al proyecto muestran modificaciones en actividades económicas, esquemas de tributación y criterios fiscales que podrían traducirse en subas de alícuotas o ampliación de la base imponible. Aunque el Gobierno no difundió aún una explicación integral del impacto, el malestar crece entre empresarios, comerciantes y profesionales.
Uno de los puntos más criticados es la falta de información pública. El tratamiento exprés del proyecto —con giro a múltiples comisiones y discusión concentrada en pocos días— deja poco margen para el análisis técnico y la participación de los sectores afectados.
“Es una reforma de fondo que se está intentando avanzar como si fuera un trámite menor”, deslizan desde ámbitos vinculados a la actividad económica, donde ya hablan abiertamente de un “impuestazo encubierto”.
La preocupación no es menor: en un escenario de caída del consumo y retracción de la actividad, cualquier incremento en la carga fiscal podría profundizar la crisis en el entramado productivo local.
Desde el oficialismo, en tanto, defienden la necesidad de avanzar con herramientas que permitan sostener el funcionamiento del Estado. Sin embargo, la decisión de incluir el 138/26 dentro de un paquete amplio y acelerar su tratamiento en comisión refuerza las críticas sobre una política fiscal que prioriza la recaudación por sobre la actividad económica.
El uso de mecanismos abreviados en etapas posteriores tampoco se descarta, lo que genera mayor tensión política y empresarial.
El debate de este jueves en comisión será el primer paso formal de un proyecto que ya viene cargado de polémica. De avanzar sin mayores modificaciones, el 138/26 podría ser llevado rápidamente al recinto para su aprobación.
Mientras tanto, fuera de la Legislatura, crece la preocupación. Cámaras empresariales y referentes económicos trabajan contrarreloj para analizar el proyecto y fijar posición antes de que el tratamiento avance.
La discusión recién comienza, pero el mensaje es claro: el Gobierno acelera y el margen para debatir, una vez más, parece reducirse al mínimo.
