Radio FM Amistad
La organización, que tuvo un rol clave en la sanción de esa normativa, sostiene que la situación actual representa un retroceso crítico. Denuncian la falta de entrega de medicación, interrupciones en tratamientos de quimioterapia y serias dificultades para acceder a derivaciones médicas, especialmente a centros especializados en Buenos Aires.
Adriana Pérez, referente de la red en Río Grande, expresó su preocupación por el deterioro del sistema. “Venimos de años de lucha en los que conseguimos leyes fundamentales, tanto a nivel nacional como provincial. Cuando pensábamos que el camino estaba asegurado, nos encontramos con situaciones realmente graves”, afirmó.
Uno de los puntos más sensibles expuestos por la agrupación es la necesidad de judicializar casos para obtener respuestas. Según detallaron, varias familias han recurrido a amparos judiciales que obligan a la obra social a garantizar tratamientos de manera inmediata. Sin embargo, advierten que esas resoluciones no se están cumpliendo en la práctica. “Los fallos ordenan cubrir quimioterapia, pero nada de eso está sucediendo como corresponde”, indicó Pérez.
A esto se suma un escenario que describen como “crítico” dentro de los propios hospitales, donde —según denuncian— se ven obligados a compartir o “prestarse” medicación entre pacientes para evitar la interrupción de terapias, una situación que pone en riesgo la continuidad y eficacia de los tratamientos.
Otro eje de la denuncia apunta a las derivaciones fuera de la provincia. La red asegura que OSEF reconoció, incluso por escrito, la falta de recursos para cubrir alojamiento en Buenos Aires, un componente clave para familias que deben trasladarse por períodos prolongados. En ese contexto, indicaron que se sugiere a los padres recurrir a organizaciones benéficas o fundaciones. “Tenemos el caso de un papá que recibió un mail donde le dicen que el Estado no tiene fondos para la estadía. Les proponen acudir a Casa Ronald u otras entidades”, relató la referente.
La situación generó repercusiones en el ámbito político. La legisladora Victoria Vuoto expresó su respaldo a las familias afectadas y remarcó la obligatoriedad del cumplimiento de la ley. “Las normas que protegen a nuestras infancias con cáncer no son opcionales. Deben cumplirse. Cuando la medicación no llega y las familias quedan solas, el Estado está fallando”, sostuvo.
El conflicto expone no solo falencias administrativas, sino también un problema estructural en la garantía de derechos básicos para pacientes en situación de extrema vulnerabilidad. Mientras tanto, las familias continúan reclamando respuestas urgentes y efectivas para asegurar la continuidad de los tratamientos y preservar la vida de los niños y niñas afectados.
