Radio FM Amistad
La vocal titular por el sector de los afiliados activos de la OSEF, Adriana Soria, lanzó una dura acusación contra la conducción de la obra social provincial, a la que señaló por haber firmado acuerdos de pago con organismos deudores sin pasar por el directorio, en un contexto de crisis que mantiene paralizadas prestaciones esenciales para miles de afiliados.
En diálogo con FM Aire Libre, Soria no dudó en calificar la situación como “crítica y cargó contra la presidencia del organismo, es un acto de desesperación”, afirmó, al referirse a la intimación que recibieron para asistir a una reunión de directorio, tras haberse negado a dar quórum en rechazo a los acuerdos firmados.
“Fuimos convocados para convalidar unos acuerdos que había hecho presidencia con los distintos organismos deudores de la obra social, los cuales nosotros veníamos denunciando que era necesario cobrar para poder afrontar las deudas que tenemos en tesorería”, explicó.
Según detalló, la decisión de avanzar con “esos convenios no solo se tomó sin consulta previa, sino que además agrava la situación financiera de la obra social”.
“Hoy no podemos cumplir con prestaciones básicas, medicamentos, tratamientos, insumos para cirugías. Nada de eso podemos afrontar”, advirtió.
En ese marco, denunció que “se firmaron planes de pago con condiciones que, a su entender, perjudican gravemente a la institución”.
“Se habilitaron planes en cómodas cuotas, con una tasa del 21%, en plazos de 9, 18 hasta 36 cuotas, o sea tres años, eso supera ampliamente cualquier gestión de gobierno”, sostuvo.
Para Soria, detrás de estos acuerdos hay “decisiones políticas, son deudores afines políticamente, entendemos que hay acuerdos políticos de por medio”.
La vocal remarcó que “el problema central es que la obra social necesita liquidez inmediata y no financiamiento a largo plazo”.
“Nosotros necesitamos la plata hoy, así no se resuelve el problema, seguís sin pagar farmacia, sin pagar prestadores, sin pagar insumos, seguimos en lo mismo”, cuestionó.
En términos concretos, detalló el nivel de endeudamiento de los organismos con OSEF y al respecto manifestó que “el mayor deudor es el Gobierno de la provincia, con alrededor de 11.000 millones de pesos, después el municipio de Río Grande con 3.000 millones, y otros organismos como Tolhuin, la Agencia de Innovación y la Legislatura”.
Sin embargo, en “lugar de ejecutar esas deudas, como habilitaba la ley 1596 sancionada el año pasado, se optó por refinanciarlas”.
“En vez de ir por la vía judicial, se hizo un ‘rally’ en menos de un mes y se firmaron todos los acuerdos sin pasar por directorio”, denunció.
La consecuencia, según explicó, es que se “licuaron” las deudas.
“Se metió todo en la misma bolsa, hasta el 30 de marzo. Es como empezar de cero, pero sin tener la plata para pagar lo que ya debés”, afirmó.
Además, advirtió que “mientras se proyectan cuotas de alrededor de 450 millones de pesos, la obra social tiene casi 20.000 millones de pesos en tesorería sin poder pagar”.
Soria también puso el foco en la legalidad de los convenios y en este sentido dijo que “los planes de pago son atribución del directorio, no de la presidencia sola, primero tenían que aprobarse en el directorio y después firmarse, se hizo al revés”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que “la negativa a dar quórum fue una decisión institucional, fundamentamos que no íbamos a convalidar acuerdos que generan un gran perjuicio para la obra social”, indicó.
La situación se vuelve aún más tensa ante el inminente escenario político dentro del organismo y según reveló, la “presidenta tiene previsto tomarse licencia por 30 días, lo que podría alterar la correlación de fuerzas en el directorio, el apuro es que esto salga antes de sus vacaciones o antes de una eventual renuncia”, deslizó.
Actualmente, el directorio está “compuesto por cuatro miembros, dos del Ejecutivo y dos de los trabajadores, pero en caso de empate, define el doble voto de la presidencia, quieren garantizar la aprobación con ese mecanismo”, advirtió.
Además de las irregularidades en los convenios, Soria denunció posibles hechos más graves vinculados al manejo de fondos y en este marco dijo que “se utilizaron recursos de una cuenta específica destinada a medicamentos de alto costo para pagar deudas, eso es malversación de fondos”, afirmó.
Explicó que esos recursos estaban protegidos por ley y no podían ser utilizados con otro fin. “Ninguna resolución de presidencia puede modificar una ley”, subrayó, y agregó que incluso una contadora del organismo renunció tras negarse a ejecutar esa orden.
Frente a este escenario, confirmó que “se realizaron denuncias ante la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, ahora tienen que intervenir, pedir la documentación y expedirse. Nosotros aportamos todas las pruebas”, indicó.
En paralelo, anticipó que “la definición podría llegar en el corto plazo, ya que el directorio fue convocado nuevamente”.
“Hoy hay otra sesión, estamos evaluando si asistir o no, pero sabemos que la intención es aprobar estos acuerdos antes de que se vayan”, señaló.
Finalmente, Soria advirtió sobre el impacto directo de estas decisiones en los afiliados, señalando que “nos encontramos con una obra social desfinanciada, se hablaba de una crisis, pero la realidad es que la plata no llegaba y se evitaron todos los mecanismos para cobrar las deudas”, concluyó.
Y dejó una frase que resume el conflicto al manifestar que “esto genera un terrible perjuicio para la obra social y para los afiliados, porque seguimos sin poder brindar lo que necesitan”.
