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Megademanda por las Termas del Valdez supera los USD 100 millones y expone al Estado
Demanda por USD 100 millones por las Termas del Valdez en Tolhuin expone al Estado fueguino y abre debate sobre recursos y seguridad jurídica.
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Uno de los litigios más sensibles de la historia reciente de Tierra del Fuego entró en una fase crítica. La demanda millonaria impulsada por la firma Transportes Roanmat S.R.L. por el conflicto en las Termas del Río Valdez, en cercanías de Tolhuin, quedó firme tras la falta de respuesta en tiempo y forma por parte del Gobierno provincial y del Municipio.
El reclamo supera los 100 millones de dólares e incluye daños, perjuicios, lucro cesante y la pérdida de un emprendimiento turístico desarrollado durante más de 40 años. Pero más allá de la cifra, el caso expone un problema estructural: la fragilidad en la seguridad jurídica y el manejo de los recursos naturales.
Un proyecto pionero que terminó en conflicto
La historia se remonta a la década del 80, cuando la familia Reyes impulsó el desarrollo del complejo termal en la zona del río Valdez, con inversiones privadas en infraestructura, caminos, estudios geológicos y equipamiento.
Durante años, el proyecto avanzó bajo un esquema de concesión estatal, con obras que incluyeron piletas termales, instalaciones deportivas y servicios turísticos. Sin embargo, el punto de quiebre llegó en 2001, cuando el gobierno provincial decidió rescindir el contrato durante la gestión de Carlos Manfredotti.
La empresa sostiene que cumplió con las condiciones contractuales y que el Estado incumplió obligaciones clave, como la mensura del predio.
Desalojos, decisiones políticas y judicialización
En 2002 se concretó el primer desalojo, con retiro de maquinaria y equipamiento. Años más tarde, durante la gestión de Hugo Cóccaro, se intentó recomponer la relación, pero el conflicto nunca se resolvió.
El escenario se complejizó aún más en 2017, cuando el Municipio de Tolhuin comenzó a sostener que las termas debían ser consideradas un recurso natural de dominio público, abriendo un nuevo frente de disputa.
En 2024, el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego ordenó un nuevo desalojo, lo que profundizó el conflicto y reactivó la batalla judicial.
El eje de fondo: ¿dominio público o derechos privados?
El núcleo del litigio es jurídico y político a la vez. La discusión gira en torno a si el predio y las inversiones realizadas deben considerarse parte del dominio público o si corresponden derechos privados adquiridos por la empresa.
Esa diferencia no es menor: define si el Estado podía recuperar el predio de forma directa o si debía indemnizar por las inversiones realizadas.
Un fallo que puede impactar en toda la provincia
En 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió el recurso presentado por la empresa, manteniendo el caso abierto en la máxima instancia judicial.
Mientras tanto, el predio permanece bajo administración estatal, en medio de una superposición de derechos que agrava la incertidumbre.
La falta de respuesta inicial de la Provincia y del Municipio podría tener consecuencias procesales relevantes, debilitando la posición del Estado en un juicio que ya es considerado testigo.
Más que un juicio: un mensaje político y económico
El caso de las Termas del Río Valdez trasciende lo judicial. Expone decisiones políticas, cambios de criterio estatal y un escenario que pone en duda la previsibilidad para inversiones privadas en la provincia.
En un contexto económico complejo, el riesgo de una condena millonaria no solo impactaría en las cuentas públicas, sino también en la credibilidad institucional.
Después de más de cuatro décadas, el conflicto sigue abierto. Y su resolución podría marcar un antes y un después en la relación entre el Estado fueguino y el sector privado.
¿Debe el Estado priorizar el control de los recursos o garantizar seguridad jurídica a las inversiones privadas?
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