Cuestionamientos a la intervención, críticas al Ejecutivo y reclamos por transparencia

En el marco de la comisión legislativa que analiza la situación del puerto de Ushuaia, la legisladora Natalia Gracianía confirmó que se llevó adelante un encuentro con autoridades de la Dirección Provincial de Puertos y trabajadores del sector, quienes impulsan cambios en la normativa vigente.
“Ayer tuvimos la posibilidad de recibir a las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos y también a parte de los trabajadores que nos habían solicitado una reunión, porque ellos están solicitando que se pueda derogar el tercer párrafo del artículo 12 de la ley 1396, que habla de la utilización del superávit 2024-2025 del puerto para el pago de la deuda de OSEF”, explicó en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia.
En ese sentido, detalló que “se había decidido, junto con el resto de los legisladores, generar una comisión para recibir a los trabajadores, analizar este pedido y escuchar también a las autoridades respecto de cómo se llega a la intervención y cuáles son los argumentos que tienen para manifestar su desacuerdo con la misma”.
Consultada por la situación financiera del ente portuario de 14 mil millones, Gracianía confirmó que se abordó el uso de los fondos disponibles, aunque evitó precisar cifras concretas. “Ellos manifestaron que con el dinero que tenían en esta cuenta, que es de libre disponibilidad, están afrontando el pago de los salarios de los trabajadores que actualmente no están trabajando en el marco de la intervención”, indicó.
No obstante, remarcó la necesidad de contar con información oficial y detallada: “No quiero decir una cosa por otra, porque se habló muchísimo y de muchos detalles, pero entendemos que dentro de la documentación que se ha solicitado también deberían enviar el estado contable y los detalles referidos a este punto en particular”.
La legisladora confirmó que “se le ha solicitado a la Dirección Provincial de Puertos toda la documentación relacionada con los intercambios que han tenido, desde la denuncia que genera la investigación hasta la auditoría posterior por parte de autoridades portuarias nacionales, y todo lo que sucedió después”.

Sorpresa por el proyecto del Ejecutivo y falta de consenso

Sobre el rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo que proponía reconvertir el puerto en una empresa estatal, dijo que “nos encontramos con un proyecto en el medio de una intervención por ineficiencia en la administración, en la seguridad y en el manejo del dinero, que planteaba reconvertir el puerto en una empresa del Estado donde la Dirección Provincial de Puertos iba a ser un accionista”.
Según relató, el propio presidente del ente portuario habría avalado el archivo de esa iniciativa: “El presidente de la entidad portuaria agradeció y manifestó que estaba de acuerdo con el archivo del proyecto, porque el proyecto que habían hablado con el Ejecutivo era otro, donde el puerto podía asociarse, pero siendo el principal accionista, no uno más”.
Y agregó que “entendimos que el proyecto del Ejecutivo no había sido para nada consensuado con la Dirección Provincial de Puertos, y eso nos llamó mucho la atención”.
Gracianía fue más allá y cuestionó el momento en el que se intentó avanzar con la reforma estructural del puerto e indicó que “consideramos que el proyecto era extemporáneo. No es momento de discutir esta reconversión, sino de revisar qué fue lo que se hizo mal para que, una vez finalizada la intervención, podamos sostener un puerto eficiente, con reglas claras, cuentas claras y las obras necesarias”.
Además, subrayó la relevancia estratégica del puerto para la provincia: “Estamos hablando de un activo importantísimo, absolutamente estratégico, que lamentablemente fue llevado a esta situación por la propia provincia y por quienes dirigían la Dirección Provincial de Puertos”.

Incertidumbre laboral y “mensajes contradictorios”

La legisladora también puso el foco en el impacto social del conflicto, especialmente sobre los trabajadores y manifestó que “esto trae como consecuencia que haya trabajadores que hoy estén en la incertidumbre de no saber cómo va a continuar su situación laboral”.
“Los mensajes que se dan desde el Ejecutivo Provincial son absolutamente contradictorios. Por un lado, se dice una cosa y después en la práctica las acciones son otras”, resaltó.
En esa línea, ejemplificó con compromisos incumplidos y señaló que “se había solicitado derogar parte del financiamiento del artículo 12 y, según lo manifestado, el gobernador se había comprometido a hacerlo en julio, pero recién ingresó meses después durante el año 2026. Esto muestra que el curso es uno y después las acciones son otras”.