Radio FM Amistad
El eje principal es la modificación del Código Fiscal (Ley 1075) y de la Ley Tarifaria (Ley 440). En materia tributaria, el proyecto amplía la base imponible y refuerza los mecanismos de control. Se consolida el domicilio fiscal electrónico como herramienta obligatoria en determinados casos, se incorporan nuevas actividades alcanzadas —como criptominería, rescate de fondos comunes de inversión y alquileres turísticos no registrados— y se redefinen criterios en sectores como seguros, intermediación, turismo y publicidad. También se restringen deducciones y se establecen parámetros más estrictos para evitar maniobras de planificación fiscal.
Uno de los puntos más relevantes es la actualización del Impuesto de Sellos, que introduce incrementos generalizados. La alícuota base se fija en el 10 por mil y se elevan las cargas en múltiples operaciones: fideicomisos pasan al 15 por mil, locaciones comerciales al 15 por mil, compraventa de inmuebles al 20 por mil, automotores al 25 por mil y la prescripción adquisitiva al 35 por mil. En operaciones financieras, como pagarés, tarjetas y créditos, la tasa se ubica en el 12 por mil, lo que en algunos casos implica duplicar la carga vigente. También se actualizan los seguros y se fija un monto para actos de valor indeterminado. Como contrapartida, se elimina el impuesto para alquileres destinados a vivienda única, que queda en alícuota cero. En términos generales, las subas oscilan entre el 20% y el 50%, con picos del 100%, impactando en costos de transacciones patrimoniales y financieras.
En paralelo, el Ejecutivo impulsa un régimen de promoción para nuevos emprendimientos que generen empleo formal. El esquema prevé una reducción de Ingresos Brutos por hasta 12 meses, prorrogables por 6 más, con un beneficio equivalente a dos salarios mínimos por trabajador o un tope mensual de 5 millones de pesos. Está dirigido exclusivamente a actividades nuevas y exige mantener empleo registrado, cumplir obligaciones fiscales y acreditar actividad efectiva en la provincia.
Otra iniciativa establece la prioridad de contratación de choferes con residencia en Tierra del Fuego en empresas de transporte de pasajeros. Solo podrán incorporarse trabajadores de otras jurisdicciones si no hay postulantes locales disponibles, con obligación de justificarlo. La medida busca fortalecer el empleo fueguino y prevé controles y sanciones.
El paquete incluye además modificaciones a la Ley 1015 de contrataciones públicas, incorporando nuevas modalidades como compra unificada, convenios marco y subasta inversa electrónica, junto con mayores exigencias de transparencia mediante el Portal Único de Contrataciones.
En el plano productivo, se propone una nueva ley marco de pesca extractiva que reemplaza la normativa vigente, con foco en sostenibilidad, trazabilidad, control sanitario y formalización. Se crean registros obligatorios, permisos anuales y un sistema integral de control de capturas, además de programas de transición para pescadores artesanales.
En turismo, se impulsa una reforma de la Ley 65 que refuerza su carácter estratégico, incorpora herramientas de planificación, digitalización y promoción, y amplía controles sobre prestadores, incluyendo plataformas digitales. A su vez, se actualiza la Ley 837 de turismo aventura, endureciendo requisitos de habilitación, regulación del personal y condiciones de seguridad, con un régimen sancionatorio más estricto.
Los proyectos tomarán estado parlamentario durante la primera sesión ordinaria del año, que fue convocada para las 11:00 de hoy, y se dispondrá el giro de cada una de ellas. Paso previo para que puedan ser analizadas en comisión y resolver sin resulta políticamente factible su posterior tratamiento en sesión.
