Löffler apunta contra Melella

Lejos de un planteo técnico, lo de Löffler fue una crítica política de fondo, donde en la reunión de Presupuesto de este miércoles cuestionó la conducción del Ejecutivo, denunció un manejo discrecional de los recursos y expuso un esquema que, a su entender, descarga el ajuste sobre intendentes, la Legislatura, la Justicia y los entes autárquicos, mientras el Poder Ejecutivo se preserva.

Atrasos, discrecionalidad y “la caja corta”

El eje más contundente del discurso estuvo centrado en la falta de cumplimiento en el envío de fondos. Según Löffler, el “Gobierno provincial no está transfiriendo en tiempo y forma los recursos que corresponden por ley, afectando el funcionamiento básico de distintas instituciones”.
La crítica apunta directamente al corazón del sistema financiero provincial, donde la llamada “doceava parte”, mecanismo que garantiza la transferencia mensual automática de fondos a los poderes del Estado según el presupuesto aprobado, para el legislador, “este esquema está siendo vulnerado de manera sistemática”.
“El Ministro no manda lo que corresponde”, planteó, en referencia a los giros que deberían recibir la Legislatura, el Poder Judicial y otros organismos. Pero fue más allá y sostuvo que “tampoco se están cumpliendo los envíos a los municipios en concepto de coparticipación ni los aportes a entes clave como la caja previsional y la obra social estatal”.
En ese marco, lanzó una definición política contundente al sostener que “no se trata de un error administrativo ni de una dificultad técnica, sino de una decisión”.
En este sentido, aseguró que “no es que el Ministro es malo, es que está sentado arriba de la caja”, disparó, sugiriendo un manejo deliberado de los recursos en un contexto de escasez.

Municipios y entes, las principales víctimas del ajuste

Uno de los puntos más sensibles del planteo es el impacto sobre los municipios, para lo cual Löffler denunció que “los intendentes están siendo directamente perjudicados por la falta de envío de las regalías y la coparticipación que les corresponde”.
En su lectura, esto configura una “transferencia del ajuste hacia los niveles más cercanos a la población, que son los que deben sostener servicios esenciales en medio de una crisis económica creciente”.

Además, agregó que “el mismo razonamiento aplica para otros organismos, donde la falta de aportes y contribuciones a la caja previsional y a la obra social no solo compromete su funcionamiento, sino que pone en riesgo el sistema en su conjunto”.
La crítica es clara, donde el Gobierno provincial estaría utilizando la demora en los pagos como herramienta de administración de la crisis, pero a costa de desfinanciar al resto del Estado.

La Legislatura, también asfixiada

Lejos de quedar al margen, la propia Legislatura aparece como otra víctima del esquema denunciado. Löffler aseguró que el “Poder Legislativo no puede cumplir con sus obligaciones básicas debido a la falta de recursos”.
El dato es significativo, según explicó, la “Cámara fija su presupuesto anual por resolución, que debe ser incorporada sin modificaciones al presupuesto general de la provincia. Sin embargo, ese mecanismo no se estaría respetando”.
Las consecuencias son concretas como lo es la “imposibilidad de pagar proveedores en tiempo y forma, demoras que pueden extenderse hasta seis meses y la paralización de iniciativas que requieren financiamiento”.
“Uno como legislador responsable no hace ayudas que podría hacer”, reconoció, dejando en evidencia un Estado que no solo ajusta, sino que también deja de actuar por falta de recursos.

Aislamiento político y falta de respaldo nacional

Pero la crítica de Löffler no se limita a la cuestión económica. En un tramo particularmente duro, cuestionó la estrategia política del gobernador Melella y su relación con el resto de los mandatarios.
El legislador fue categórico al sostener que “Tierra del Fuego está aislada”, como ejemplo, recordó que “cuando se avanzó sobre el subrégimen industrial de la provincia, una de las principales herramientas económicas locales, no hubo respaldo de otros gobernadores”.
“No hubo un gobernador patagónico ni del país que salga a defender”, subrayó, interpretando ese silencio como una consecuencia directa de la falta de construcción política del Ejecutivo fueguino.
La crítica apunta a un déficit estructural como lo es la ausencia de alianzas y vínculos sólidos que permitan defender los intereses provinciales en un contexto nacional adverso.

Un modelo en crisis

El planteo de Löffler deja al descubierto una doble crisis como es la financiera y la política. Por un lado, un Estado que no logra cumplir con sus obligaciones básicas y que recurre a la demora en los pagos como mecanismo de supervivencia. Por otro, una conducción política que, según la oposición, no ha sabido construir los consensos necesarios para enfrentar un escenario nacional complejo.
En ese marco, el legislador advierte que “muchas de las dificultades actuales no son coyunturales, sino el resultado de decisiones acumuladas, lo que pasa hoy tiene que ver con el manejo político y las actitudes del gobernador”, señaló.

La pregunta de fondo

Detrás de la crítica hay una pregunta implícita que es ¿quién paga el costo de la crisis? Para Löffler, la respuesta es clara porque son “los municipios, los organismos del Estado y, en última instancia, la sociedad”.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo, según su mirada, “logra sostener su funcionamiento, priorizando ciertos pagos y postergando otros, en una lógica que profundiza las tensiones dentro del propio Estado”.
La denuncia no es menor. Si se confirma este esquema, no solo se trata de un problema de gestión, sino de una redefinición de cómo se distribuyen los recursos en un contexto de escasez.

Un escenario abierto y conflictivo

Las declaraciones de Löffler anticipan un escenario de creciente conflictividad política e institucional. La combinación de atrasos en los pagos, falta de diálogo y debilidad en la articulación política configura un panorama complejo para la provincia.
El desafío para el Gobierno será doble como es recomponer la confianza interna, con municipios, organismos y poderes del Estado, y reconstruir vínculos externos que permitan fortalecer la posición de Tierra del Fuego a nivel nacional.
Por ahora, la crítica de la oposición marca el pulso de una crisis que ya no puede disimularse. Y que, según advierten, lejos de resolverse, amenaza con profundizarse.