Radio FM Amistad
A menos de dos semanas del traspaso definitivo de las áreas hidrocarburíferas de YPF a la empresa estatal Terra Ignis, aumentan las señales de alerta desde el sector privado por la falta de precisiones en torno a cómo se llevará adelante la nueva etapa de la actividad petrolera en Tierra del Fuego.
En ese contexto, el abogado riograndense Francisco Giménez, con participación en la representación de empresas vinculadas al sector, cuestionó con dureza el proceso y advirtió sobre las posibles consecuencias si no se adoptan definiciones urgentes.
“Melella está jugando a la ruleta rusa con la cabeza de todos los fueguinos con los cinco tiros dentro del tambor”, afirmó, en una crítica directa al manejo del traspaso.
El 31 de marzo marca la fecha prevista para la salida de YPF como operadora en la provincia. Sin embargo, según indicó Giménez en FM Provincia, aún no existe información formal que permita a las empresas conocer cómo continuará la actividad.
“No hay nada por escrito, no hay nada que otorgue seguridad jurídica”, sostuvo, y remarcó que hasta el momento no se han comunicado las condiciones en las que Terra Ignis asumirá la operación ni el esquema contractual que regirá con las firmas que actualmente prestan servicios.
La ausencia de definiciones, advirtió, genera un escenario de alta incertidumbre en un momento crítico de transición.
La situación afecta a unas 20 empresas radicadas en Tierra del Fuego, muchas de ellas pymes que desarrollan tareas como contratistas de YPF.
De acuerdo a lo planteado por el abogado, estas compañías enfrentan un panorama complejo, no solo por la falta de información, sino también por los compromisos económicos que aún permanecen abiertos.
En ese sentido, advirtió que existen deudas vinculadas a redeterminaciones contractuales y otros conceptos que no habrían sido resueltos en el proceso de traspaso.
Uno de los ejes más sensibles señalados por Giménez es la situación de los pasivos que quedarían asociados a la actividad.
“Se han olvidado del pasivo laboral y del pasivo contractual. Estamos hablando de millones y millones de dólares que alguien va a tener que pagar”, afirmó.
Según explicó, el esquema actual no contempla con claridad quién asumirá esas obligaciones, lo que podría derivar en conflictos legales y financieros.
Además, advirtió que muchas empresas locales no están en condiciones de absorber esos costos.
“Las pymes de Tierra del Fuego no pueden hacerse cargo de esto, las llevaría directamente a la quiebra”, sostuvo.
El impacto no se limita al plano empresarial. Giménez advirtió que la situación también afecta a los trabajadores vinculados a la actividad.
“Hay alrededor de 400 trabajadores en una situación de incertidumbre total, sin ningún tipo de comunicación”, señaló.
La falta de definiciones sobre la continuidad de los contratos y las condiciones de trabajo genera preocupación en un sector clave para la economía provincial.
El abogado también cuestionó la forma en que se está llevando adelante el proceso de transición, particularmente en relación a la falta de transparencia.
“Es absolutamente inaceptable que un tema de esta magnitud se maneje con este nivel de reserva”, expresó.
En esa línea, planteó que otras provincias atravesaron procesos similares mediante licitaciones públicas, con reglas claras y acceso a la información, lo que —según indicó— no estaría ocurriendo en Tierra del Fuego.
Finalmente, Giménez planteó un escenario crítico si no se resuelven los aspectos pendientes en los próximos días.
“Lo que temo es que llegado el 31 de marzo estemos frente a un caos en Tierra del Fuego, tanto en la operatoria como en la estabilidad de las empresas y los trabajadores”, advirtió.
Y concluyó con un llamado a las autoridades provinciales para que avancen en definiciones concretas:
“No alcanza con preocuparse, es necesario tomar decisiones urgentes para evitar un problema mayor”.
