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El millonario “blindaje” de Melella: USD 60.000 para un estudio privado en medio del conflicto por el Puerto

Denuncian irregularidades en contratación por USD 60.000 del Puerto de Ushuaia.
03/03/2026Radio FM AmistadRadio FM Amistad

El 29 de enero de 2026, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Marcial Murcia, firmó la Resolución RES-122-2026 mediante la cual se aprobó una contratación directa por USD 60.000 —equivalente a aproximadamente 87,9 millones de pesos al tipo de cambio vigente al momento— a favor del estudio YMAZ Abogados S.R.L., con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objeto declarado fue la elaboración de “estrategias judiciales” frente a la intervención dispuesta por la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) sobre el Puerto de Ushuaia.
Sin embargo, la contratación generó cuestionamientos debido a que el mismo estudio ya posee un contrato ordinario vigente con la DPP (Contrato N.º 1339), por el cual factura más de 1,5 millón de pesos mensuales por asesoramiento jurídico general, según constancias de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.
Excusación del Fiscal de Estado
El 5 de febrero, el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre presentó su excusación formal mediante Nota F.E. Nº 30/26, argumentando que la Fiscalía se encontraba investigando irregularidades internas en la DPP y que la demanda federal impulsada por el gobernador Gustavo Melella se había presentado sin su intervención formal previa.
En el documento se mencionaron “hechos consumados”, “discrepancias sustanciales” e “inacción del ente autárquico”, generando un escenario institucional inusual en el conflicto.
Denuncia formal ante autoridades nacionales y provinciales
En paralelo, un grupo de ciudadanos de Tierra del Fuego —que manifestó optar por el anonimato por temor a represalias— informó haber remitido documentación y denuncia formal ante las siguientes autoridades:
  • Javier Milei, Presidente de la Nación
  • Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia
  • Victoria Villarruel, Presidenta del Senado
  • Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados
Asimismo, la presentación fue dirigida a la Fiscalía de Estado provincial y a la Legislatura de Tierra del Fuego.
En la denuncia se solicita la investigación de presuntas irregularidades vinculadas a la contratación del estudio YMAZ y se menciona como funcionarios involucrados al gobernador Gustavo Melella, la vicegobernadora Mónica Urquiza, el presidente del Tribunal de Cuentas Miguel Longhitano, el vocal contador Hugo Pani y el presidente de la DPP Roberto Murcia.
Hechos señalados en la presentación. Entre los puntos cuestionados se destacan:
  1. Contratación directa en dólares por USD 60.000 mediante RES-122-2026.
  2. Existencia de contrato ordinario simultáneo con el mismo estudio jurídico.
  3. Ausencia de control preventivo del Tribunal de Cuentas.
Excusación del Fiscal de Estado por conflicto institucional. Falta de publicación inmediata en el Boletín Oficial.
En el escrito se solicita la investigación inmediata del expediente DPP-E-30-2026, eventual secuestro de pagos realizados y citación de los funcionarios mencionados.
contratacion directa de gustavo melella y puerto de ushuaia a estudio juridico por 60 mil dolares
Un conflicto institucional en escalada
La intervención del Puerto de Ushuaia abrió un frente político, judicial y administrativo de alto impacto. Mientras el Ejecutivo provincial sostiene que la contratación extraordinaria responde a la necesidad de defensa institucional ante una medida federal, los denunciantes plantean que podría existir superposición contractual y posibles irregularidades administrativas que deben ser investigadas.
El caso podría escalar tanto en el ámbito judicial como legislativo, en función de las actuaciones que adopten los organismos de control.
El dato político: silencio selectivo
Un punto que llamó particularmente la atención es que, dentro del ámbito legislativo provincial, los únicos que no recibieron la denuncia —sin siquiera acceder a la documentación— fueron los legisladores Juan Carlos Pino y Federico Greve.
La omisión resulta significativa en un contexto donde el control político debería ejercerse con independencia de alineamientos partidarios.
Conclusión
La contratación RES-122-2026 no aparece como un acto administrativo aislado, sino como parte de una arquitectura defensiva montada en paralelo a una investigación interna y a una intervención nacional que amenaza con exponer irregularidades estructurales dentro de la DPP.
El conflicto ya no es únicamente portuario. Es institucional.
Y la pregunta central es si los 87 millones de pesos fueron destinados a defender al Puerto… o a blindar responsabilidades.
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