¨Si llego a acreditar las irregularidades, no voy a dudar en denunciarlas¨

El camarista penal Andrés Leonelli rompió el silencio luego de que la jueza María Cristina Barrionuevo rechazara el requerimiento fiscal y dispusiera el archivo de la causa. Para el magistrado, el expediente nació sobredimensionado y se sostuvo con decisiones “desproporcionadas”. “Era obvio que esto se solucionaba con un solo oficio. No había necesidad de allanar mi domicilio ni mi despacho”, afirmó, al trazar su primera crítica, explicó.

De acuerdo con su relato, todo comenzó cuando se detectó en su Google Drive material vinculado a pornografía infantil que —según sostiene— se había descargado automáticamente al abrir con clave un archivo encriptado correspondiente a una causa que tramitó cuando era juez de instrucción en Río Grande. “Para verificar si el contenido era lo que decían, tuve que mirarlo; no es agradable, pero es parte del trabajo”, dijo, al contextualizar la actuación funcional.

A partir de allí, denuncia irregularidades concatenadas. En primer lugar, la vía elegida: en vez de corroborar por oficio si esas imágenes respondían a una causa judicial previa —como, sostiene, ocurrió en antecedentes policiales—, el juzgado ordenó allanamientos simultáneos en su casa y en su despacho. Para Leonelli, esa decisión vulneró los principios de necesidad y proporcionalidad en la adopción de medidas intrusivas. “Fue una medida para suplir una falta de diligencia inicial”, evaluó, al cuestionar la decisión.

En segundo término, apuntó a las pericias negadas y demoradas. Afirmó que desde el primer día ofreció su teléfono y sus equipos, con claves, y pidió que se peritaran de inmediato; sin embargo, asegura que el juzgado se lo negó y que recién meses después se practicó un análisis que confirmó su versión: las imágenes habían quedado alojadas por defecto al desencriptar el archivo y se subieron junto con miles de sentencias que respaldaba en la nube. “Yo mismo pedía que analicen mis equipos”, recordó, al remarcar la pasividad investigativa.

En paralelo, señaló un capítulo sensible de la fallida investigación: la cadena de custodia y el tratamiento de evidencias. En su reconstrucción, hubo pérdida o extravío de prueba durante traslados internos, además de secuestros de dispositivos sin pertinencia con el objeto del expediente. Entre ellos, menciona una mini-Mac perteneciente a su esposa psico-oncóloga, con historias clínicas de pacientes, devuelta tres meses después. La medida, dice, fue inútil desde el punto de vista investigativo y dañina en términos de confidencialidad sanitaria. “Me siento más afectado por lo que le hicieron a mi familia que por lo que me hicieron a mí”, subrayó, al dimensionar el impacto.

Una tercera arista es la filtración. Leonelli asegura que mientras se ejecutaban los allanamientos ya circulaban mensajes de WhatsApp con la noticia. A su entender, la difusión anticipada quebró la reserva del procedimiento y expuso a su familia a un “escarnio mediático” innecesario. Incluso alude a un llamado que —según versiones— habría realizado la jueza a un miembro del Superior Tribunal minutos antes del operativo. “Habrá que investigar todas las líneas”, señaló, al pedir que se esclarezca el origen de la información divulgada.

A su juicio, la instrucción mostró además inconsistencias de criterio frente a casos similares. Recuerda que, en situaciones análogas con personal policial —donde el material circuló internamente para tareas de investigación—, no se dictaron medidas de igual severidad. Esa asimetría alimenta su tesis de una sobrerreacción procesal sostenida más en conjeturas que en indicios suficientes. “Cuando uno allana debe tener indicios que corroboren una probabilidad delictiva; en este caso no estaba dada”, insistió, al cuestionar los procedimiento desplegados en la investigación, que concluyeron en la inexistencia de delitos.

En el plano técnico, su defensa se apoyó en tres puntos:  el origen funcional del material fotográfico,  la encriptación que exigía clave para acceder y que al desencriptar descargaba por defecto en el disco del operador, y  la subida automática al Drive al momento de respaldar más de 7.000 sentencias. Con esa secuencia, argumentó el magistrado, explicó que la tenencia no fue intencional ni consciente, y por ello reclamó su  desvinculación plena. “Quiero un sobreseimiento formal; el archivo no causa estado y la causa podría reabrirse”, precisó, al fijar su objetivo procesal.

¨Creo hay que hay personas que le hacen daño al Poder Judicial¨

Sobre el trasfondo, el magistrado diferenció al Poder Judicial de quienes lo integran. “No descreo de la institución; creo que hay personas que le hacen daño. Esta causa se abrió por un hecho fortuito, pero hubo un aprovechamiento personal y político posterior. Y eso fue una operación”, planteó, al encuadrar el conflicto. En consecuencia, anticipó acciones civiles y penales contra quienes, según afirma, agraviaron maliciosamente su buen nombre y honor. “Vamos a ir demandando a cada uno”, adelantó, al proyectar sus próximos pasos.

De confirmarse lo adelantado por Leonelli, el caso expone alertas institucionales: el uso prematuro de medidas máximamente intrusivas, por los allanamientos a la Cámara de Apelaciones y su vivienda,  sin agotar alternativas menos lesivas; la negativa a peritar de inmediato los dispositivos ofrecidos por la defensa; el secuestro de equipos ajenos al objeto de la investigación, con datos sensibles de terceros; la posible ruptura de reserva por filtraciones; y la falta de consistencia frente a precedentes comparables. En conjunto, Leonelli advirtió que el procedimiento  mostró debilidades en cuanto al debido proceso incompatible con estándares de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Finalmente, el magistrado dejó una advertencia que excede su caso. “Lo más grave sería que haya personas con capacidad de manipular una institución como el Poder Judicial. Si llego a acreditarlo, lo voy a denunciar, sin dudarlo”, concluyó, al ubicar el eje en la salud institucional y no solo en su situación personal.

Entretanto, mientras tramita su pedido de sobreseimiento para cerrar definitivamente el capítulo penal, el debate público se desplaza —inevitablemente— hacia otro terreno: quiénes, cómo y por qué empujaron un expediente que, según el camarista, pudo haberse resuelto con un simple oficio.