
Este viernes vence el plazo de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, en el conflicto entre el Gobierno y el gremio que nuclea a los controladores aéreos.


Radio FM Amistad


Después de que la Anses decidiera restituirle la pensión vitalicia como expresidenta, cuyo pago había sido suspendido durante el gobierno de Mauricio Macri, Cristina Kirchner renunció a percibir su sueldo como vicepresidenta a partir del próximo 1 de abril.
Lo hizo mediante una carta que le envió al secretario general de la presidencia, Julio Vitobello, en la que deja constancia que su renuncia obedece a que volverá a cobrar su pensión por haber ejercido la primera magistratura durante dos mandatos.
“Quiero dejar constancia que si bien de acuerdo a la normativa vigente tengo legítimo derecho a percibir mis haberes como vicepresidenta de la nación, es mi decisión renunciar al mismo”, sostiene Cristina Kirchner.
En la nota, la vicepresidenta no se priva de criticar a la Corte. Lo hace al recordar que los jueces del máximo tribunal no pagan ganancias como sí lo hace ella al renunciar a ese privilegio que le había sido otorgado por sentencia judicial a favor de sus dos pensiones vitalicias.
Además de la que le corresponde por su paso como presidenta, Cristina Kirchner percibe también la pensión correspondiente a su exesposo Néstor Kirchner como exjefe del Estado.
Luego de que durante el gobierno de Mauricio Macri la Anses emitiera una resolución que impedía cobrar más de una asignación vitalicia, la entonces senadora inició una demanda en la que alegaba que la Administración “no tenía competencia para suspender los efectos de un acto firme y consentido” y consideraba que había “derechos subjetivos a su favor que no pueden ser revocados, modificados o sustituidos en sede administrativa”.



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El legislador provincial Jorge Lechman mantuvo un encuentro de trabajo con representantes del Movimiento de Trabajadores y Jubilados de Tierra del Fuego, en el marco de una iniciativa impulsada por el propio sector para avanzar en una ley que garantice previsibilidad financiera a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y a la Caja de Previsión Social de la Provincia.

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