ROSARIO. Un mensaje privado del ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, que se viralizó en redes sociales y en el que vituperó y discriminó a los habitantes de esta provincia, al llamarlos “negros pueblerinos”, entre otros epítetos, sumó tensión en el gobierno de Omar Perotti, luego de que un diputado de la Coalición Cívica adelantara que pedirá el juicio político del extitular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que está al mando de la fuerza de seguridad provincial.

Sain respondió, también por las redes sociales, que el audio que comenzó a circular durante las últimas horas “es de carácter privado” y que estaba dirigido a los jefes de la policía que heredó de la anterior gestión.

“Los rosarinos se creen que son todos porteños”, “a mí me chupa un huevo todo, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista”, “son unos negros pueblerinos” y “si Dios atendiese en Santa Fe, estamos hundidos todos”, dijo el ministro en el audio que se viralizó.

Consideró que “le parecía raro” que se difunda ahora este mensaje, luego de que el viernes pasado, en una audiencia en la Justicia federal, se dieron a conocer comunicaciones entre un policía acusado de narco y Maximiliano Pullaro, ministro de Seguridad durante el anterior gobierno socialista.

“Qué casualidad, en la semana en la que se dan golpes al narcotráfico, el operativo más grande de la historia contra el abigeato, escuchas judiciales de dos dirigentes del Frente Progresista, aparece un audio privado de un año y medio atrás, cuando había que limpiar jefes de la otra gestión”, afirmó Sain.

Pero más allá de los audios y escuchas, que alimentan enfrentamientos permanentes entre Saín y un sector de la oposición, el problema de la seguridad es lo que subyace sin un horizonte de mejoría. En Rosario se cometieron en lo que va de este año 42 asesinatos. El año pasado, con pandemia y cuatro meses de aislamiento obligatorio, se produjeron 219 homicidios en esta ciudad, un 20% más que el año anterior.

El trasfondo y la compra de armas

El clima de confrontación política no colabora para que las tres leyes con cambios profundos en las fuerzas de seguridad, que envió el ministro de Seguridad el año pasado, sean tratados por la Legislatura, que está en ebullición por la investigación judicial que puso al jefe del bloque del PJ, Armando Traferri, bajo la lupa, acusado de coordinar el pago de sobornos entre el empresario Leonardo Peiti, que maneja el juego clandestino, y dos fiscales que están detenidos, uno de ellos en su domicilio desde la semana pasada.

Traferri acusa a Sain de estar detrás de la investigación que llevó a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, al frente de la causa, a pedir su desafuero para poder imputarlo, algo que fue rechazado por una alianza entre peronistas y radicales.

La semana pasada, un grupo de legisladores del entorno del exministro Pullaro presentaron una denuncia ante la Justicia para que se investigue posibles irregularidades en un llamado a licitación para la compra de armas. Según los legisladores, la Justicia suspendió la licitación en la que se pretendía que una sola empresa abasteciera a la provincia de Santa Fe de 12.000 pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, seis fusiles semiautomáticos para francotirador y seis fusiles para francotirador de cerrojo manual.

Desde el gobierno negaron que haya irregularidades, y sostuvieron que se trata de los cuestionamientos que hizo una empresa competidora, como ocurre en muchas licitaciones.

La polémica se irradió al resto de los partidos de la oposición, no solo al Frente Progresista. El diputado nacional de Juntos por el Cambio Federico Angelini advirtió: “Que a Sain le ‘chupamos un huevo’ todos los santafesinos (según sus propias palabras) es algo que podíamos imaginar al ver las tasas de homicidios de Santa Fe. Nos sorprende más de Perotti, que parece convalidar estos dichos”.

La Coalición Cívica (CC) pidió este lunes el juicio político al ministro de Seguridad de Santa Fe, luego de que estallara esta nueva polémica. El planteo lo hizo la diputada nacional Lucila Lehmann y su par provincial electo Sebastián Julierac Pinasco, quienes además le pidieron al gobernador que solicite “de manera urgente” la renuncia a Sain.

“Pedimos la renuncia no solo por la ineficiencia y la falta de resultados a la hora de cuidar la seguridad de todos sino por los insultos y agravios hacia los comprovincianos”, destacó la diputada cercana a Elisa Carrió.