El Ministerio de Producción y Medio Ambiente dio a conocer un nuevo informe sobre los resultados del Plan PROGRESO (Programa de Recuperación Económica y Social), implementado por el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco de la pandemia por Covid 19.
Provinciales25/02/2021
Radio FM Amistad
El informe pone de relieve la importancia de la serie de políticas llevadas adelante de ayuda financiera a distintos sectores de la producción, pequeñas y medianas empresas, la economía popular y rubros tales como el comercio, la gastronomía y hotelería, el turismo y la educación, entre otros.
Si bien el dossier elaborado por la cartera de Producción abarca el período diciembre 2020/enero 2021, hace un balance del PROGRESO desde la promulgación de la ley, en junio del año pasado.
Las asistencias se canalizaron a través del Banco Tierra del Fuego para el otorgamiento de créditos especiales en el contexto de la pandemia, el direccionamiento de fondos al Ministerio de Producción y Ambiente para el acompañamiento a través de subsidios y créditos no bancarios, medidas fiscales como la exención del pago de impuesto de sellos a los créditos entregados por estas vías y la extensión de la moratoria y facilidades de pago para los contribuyentes de la provincia y un plan de obra pública orientado a obras de infraestructura sanitaria de alto impacto social y económico.
El programa se puso en marcha en el marco de una crisis sanitaria y económica histórica provocada por la pandemia dando respuestas concretas a demandas sectoriales específicas y la creación de nuevas líneas de créditos y ayudas financieras, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de las fuentes laborales provinciales.
Por caso, se facilitaron la presentación de pedidos de créditos y subsidios, se amplió el período de gracia y plazo máximo de devolución y monto máximo a garantizar con codeudor solidario para la línea de créditos no bancarios.
Se ampliaron las ayudas al sector gastronómico, agencias de viaje, prestadores de servicios turísticos y hoteles, que cuenten con quince o más trabajadores en relación de dependencia, para el pago de salarios por una suma de 12 mil pesos por trabajador; la Línea Escuelas Públicas de Gestión Privada, también para el pago nómina salarial compensatoria.
Con la dinámica impuesta por la situación sanitaria y económica, el informe rescata que durante diciembre 2020 y enero 2021, se amplió el monto para los subsidios dirigidos a los actores de la economía popular, cuyo monto máximo se extendió 150 mil pesos.
En lo que hace a los resultados alcanzados, en el informe del Ministerio de la Producción y Ambiente detalla que se registran 12.129 asistencias a trabajadoras y trabajadores de la economía popular, cooperativas, asociaciones y micro, pequeñas y medianas empresas, ascendiendo el monto total de los fondos gestionados a 771.604.304 pesos, de distintos sectores de actividad de la matriz productiva, comercial y de servicios de la Provincia.
La evolución desde la implementación del PROGRESO marca que en junio/julio se asistió a 1963 Mypymes por un total de 72.648.968 pesos; en agosto/septiembre (acumulado), a 4.632 por un total de 294.869.401 pesos; en octubre/noviembre (acumulado), a 9.092, por 622.201.590 pesos y en diciembre 2020/enero2021 (acumulado), a 12.129, por un total de 771.604.304 pesos.
El informe da muestras de un crecimiento positivo tanto en la cantidad de actores acompañados como de fondos destinados a las asistencias por parte del Gobierno provincial.
En cuanto a la distribución sectorial de los subsidios aprobados, se destaca el mayor peso de las solicitudes por parte de los trabajadores de la economía popular (68,4 %), seguido en orden de importancia por las actividades vinculadas a los servicios (gasistas, plomeros, esteticistas, peluqueros, artesanos, choferes de taxis y remises, entre otros) con 20,83 %; las productivas y de servicios de apoyo a la producción (5,48 %) y, posteriormente, por la actividad comercial (4,87 %).
En este cuarto período, se alcanzó un universo de casi 12 mil solicitudes, de los cuales 6248 son de Ushuaia, 5042 de Río Grande; 667, de Tolhuin y 23, de Almanza.
A la fecha de confección de este informe, el 89,37% de las asistencias financieras han sido monetizadas; encontrándose el resto en proceso de pago.
En cuanto a la distribución sectorial de los casos activos (incluyendo en evaluación y aprobados), se destaca nuevamente el mayor peso de las solicitudes de asistencia financiera crediticia por parte de Mipymes con actividades de servicios personales y comercios (manteniendo su participación en el orden del 67 %); seguida en orden de participación por las actividades referidas a producción y servicios de apoyo a la producción (pasando de 23,3 % al 22,15 %) y aquellas vinculadas sector turístico (de 9,3 % al 10,07 %).
Los registros de datos permiten afirmar que son las mipymes de la ciudad de Río Grande, las que han presentado y mantienen la mayor cantidad de solicitudes totales de asistencia financiera crediticia activas.
Respecto a la distribución por rubro de actividad, de similar comportamiento a lo evidenciado en subsidios, mientras la ciudad de Río Grande concentra la mayor participación en la actividad comercio, producción y servicios de apoyo a la producción, la ciudad de Ushuaia hace lo propio respecto a servicios turístico, en lógica coincidencia con la matriz productiva de cada localidad.
Por último, el informe destaca que los montos promedio de las asistencias financieras crediticias evaluadas y aprobadas oscilaron en torno a los 750.000 pesos, orientados principalmente hacia la adquisición de capital de trabajo (materias primas), bienes de capital y, en menor proporción, pagos salariales.
Sólo 22 solicitudes de asistencia financiera crediticia son iguales o superiores al 1.500.000 pesos, correspondiéndose 8 al sector de producción, 7 al sector servicios y comercial y 7 al sector turístico. De estas 22, sólo 3 alcanzan el monto máximo de 5 millones de pesos, correspondiéndose estas al sector de producción.
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La implementación de la verificación de subsistencia del estado parcelario fue presentada en el marco de una reunión convocada por la Dirección General de Catastro de la provincia, dependiente de la AREF, que reunió a autoridades del organismo, agrimensores, escribanos y estudiantes de Agrimensura, con el objetivo de socializar la nueva herramienta, evacuar consultas y fortalecer el trabajo articulado para mejorar la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario.
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