Luego del sismo en la Antártida, la Armada despliega al ARA Puerto Argentino para dar apoyo

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, realizó un balance político y estratégico tras la aprobación por amplia mayoría en la Legislatura provincial del traspaso de las áreas de YPF a la empresa estatal Terra Ignis, una decisión que calificó como “una gran noticia para la provincia” y como un paso decisivo para que los fueguinos “nos hagamos cargo de nuestros propios recursos naturales”.

La modificación a la ley Provincial 1004 fortalece la capacidad de los hospitales y del Ministerio de Salud para cobrar facturas impagas. Incorpora intereses moratorios y punitorios atados a la tasa activa del Banco de Tierra del Fuego, amplía qué deudas se consideran título ejecutivo y consolida el apremio como herramienta clave para reducir la mora y mejorar la disponibilidad de recursos en el sistema.

Entre el 10 y el 21 de diciembre, casi 9.350 personas dejaron Tierra del Fuego rumbo al continente, mientras que los ingresos no alcanzaron a compensar la salida, según datos oficiales del Operativo Verano Seguro.

Con un mayoritario respaldo de oficialistas y opositores, el Poder Ejecutivo obtuvo el respaldo necesario para que Terra Ignis se haga cargo de las concesiones de 7 áreas hidrocarburíferas que explotaba YPF. La oposición logró aprobar una modificación a la ley de coparticipación que busca compensar a los municipios la merma de recurso derivada de los beneficios fiscales acordados por el Gobierno a la sociedad anónima con capital estatal provincial mayoritario.

En el marco del tratamiento del proyecto de ley de ampliación del ejido urbano de Ushuaia, impulsado por el legislador Juan Carlos Pino, el Defensor Público Federal José Bongiovanni solicitó mayor prudencia legislativa, cuestionó la falta de participación ciudadana y advirtió sobre los impactos urbanos y ambientales de la iniciativa.

La subasta de un predio de 5.261 m² quedó desierta el pasado viernes 19 de diciembre, pese a un precio base de USD 1,28 millones. El déficit mensual de 600 millones de pesos expone la fragilidad del sistema previsional de la Policía y genera creciente preocupación entre afiliados activos y retirados. Mientras tanto, 540 familias llevan seis meses sin cobrar sus haberes previsionales y esperan dos sueldos anuales complementarios.