La denuncia de Bolivia contra el gobierno de Mauricio Macri por haber enviado en 2019 material bélico para reprimir protestas sociales ante el golpe de Estado contra Evo Morales cobró este viernes mayor dimensión tras el anuncio del canciller Rogelio Mayta de que su país "podría llamar a declarar" al exmandatario ante la Justicia.

"Obviamente, el expresidente Macri podría estar involucrado. Probablemente sea llamado a testificar. Si encuentran elementos que evidencien responsabilidad, se podrían levantar cargos en su contra aquí en Bolivia", dijo el canciller boliviano en declaraciones formuladas a la agencia de noticias rusa Sputnik.

La Justicia boliviana tiene un proceso abierto por la ruptura del orden constitucional en 2019, motivo por el cual están detenidos la expresidenta de facto Jeanine Áñez, algunos militares y exministros. Además, el expresidente de Ecuador Lenin Moreno y Macri también serían denunciados en Ecuador y Argentina, respectivamente.

"En este momento se tiene la punta de la madeja. Hay que desenrollarla, lo cual probablemente nos dé todavía grandes sorpresas", dijo Mayta a la agencia rusa, al considerar que existió una "estrategia por detrás" y que el objetivo era generar violencia en las calles para romper el orden constitucional.<

Mayta, quien ayer informó desde su cuenta de Twitter sobre el hallazgo de la documentación encontrada, amplió esta mañana en Radio 10 que el envío del material bélico constituye "una contribución concreta, real, al proceso de ruptura del orden institucional" del Gobierno de Evo Morales para favorecer el régimen de Áñez.<

"Lo que nosotros advertimos es que este material enviado por el gobierno de Mauricio Macri ha sido una contribución concreta, real, al proceso de ruptura del orden institucional", puntualizó.

Fue el propio Mayta quien ayer dio un detallado informe sobre el armamento que el Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) habría proporcionado a Áñez, ante lo que el presidente Fernández le envió una nota a su par boliviano, Luis Arce, para lamentar el hecho y expresarle su "dolor y vergüenza".

El canciller dijo que en la denuncia "no hablamos solo de Argentina" ya que "también hay evidencia de Ecuador, y no nos parece descabellado un comportamiento similar de otros países".

Y agregó que desde el Gobierno a cargo de Luis Arce están "espantados" porque observaron "una especie de reedición contemporánea del Plan Cóndor", en estas actitudes.

El canciller dijo además que "corresponde que las autoridades fiscales procedan a desenredar la madeja" y se mostró esperanzado en que en este proceso "irán saltando los nombres y los responsables que deberán ser convocados a declarar".

Sobre la nota en la que las autoridades de facto bolivianas agradecen el envío del material bélico, el canciller resaltó que si bien hay "gases, también existen 40 mil cartuchos de munición que por la experiencia en Bolivia pasan como no letales, pero que en varios escenarios, lo han sido".

"Junto con esos pertrechos que llegan, una parte de la Argentina, también llegan de Ecuador militares y policías que desarrollan un durísimo proceso de represión de la protesta social que reclamaba que no se rompa el orden constitucional", recordó el funcionario.