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title: "El Gobierno de Milei apelará el fallo judicial que suspendió el protocolo antipiquetes"
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description: "El Ejecutivo sostiene que la medida garantiza el derecho a la protesta, cuenta con amplio respaldo social y denuncia motivaciones políticas detrás de la decisión judicial."
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# El Gobierno de Milei apelará el fallo judicial que suspendió el protocolo antipiquetes

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**El Gobierno de Javier Milei decidió apelar el fallo judicial que ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes, una de las políticas centrales de la actual gestión en materia de seguridad y orden público. Desde el Ejecutivo consideran que la resolución no solo es jurídicamente errónea, sino que además desconoce el apoyo mayoritario de la sociedad a una medida que, aseguran, permitió recuperar la paz social y la libre circulación.**

**La sentencia fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, quien hizo lugar a una acción de amparo y ordenó suspender el procedimiento antipiquetes al sostener que presenta supuestos vicios legales. Frente a esta decisión, el Gobierno confirmó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para defender una herramienta que se aplica desde los primeros días de la gestión libertaria.**

**Fuentes oficiales consultadas por los medios, remarcaron que los operativos “garantizan la paz social” y rechazaron de plano que el protocolo carezca de legitimidad. “Es falso que le falte sustento legal”, afirmaron, en respuesta directa a los argumentos del magistrado.**

**En la Casa Rosada fueron aún más contundentes y denunciaron un trasfondo político en el fallo. “El 70% de los argentinos está a favor del protocolo. Esto es político. Se va a apelar. No vamos a dar un paso atrás. Vamos a ir contra esta medida que va en contra de los argentinos. Sin protocolo vuelve el desorden. Sin protocolo, no hay orden”, señalaron desde el entorno presidencial.**

**Cormick sostuvo que la resolución 943/2023, mediante la cual el Ministerio de Seguridad puso en marcha el protocolo, avanzó sobre facultades que la Constitución reserva al Poder Legislativo, al legislar —según su criterio— en materia penal y procesal. Sin embargo, desde el Gobierno respondieron que la Justicia ya validó en reiteradas oportunidades los operativos policiales, incluso cuando se plantearon cuestionamientos por presunta inconstitucionalidad.**

**Además, recordaron que el propio juez había rechazado en marzo pasado suspender el protocolo y que incluso asistió personalmente a una marcha de jubilados para supervisar su implementación. En esta ocasión, no obstante, falló a favor de un recurso presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización históricamente enfrentada a las políticas de seguridad firmes.**

**Desde el Ejecutivo insistieron en que el protocolo no restringe derechos, sino que “lejos de limitarlos, garantiza el ejercicio de derechos constitucionales”, como el de manifestarse, y que su único objetivo es ordenar la metodología de las protestas para asegurar la libre circulación y evitar abusos.**

**En la misma línea, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, difundió un comunicado en el que confirmó la apelación del fallo y advirtió que, si se deja sin efecto el procedimiento, “vuelve el caos”. En el texto oficial, la cartera sostuvo que el protocolo “es legítimo”, tiene “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” y que, desde su implementación, “permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad”.**

**Monteoliva también se expresó a través de su cuenta de X, donde afirmó que “este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”. “Vamos a defenderlo a toda costa, porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, escribió la funcionaria, en un mensaje que fue replicado por el presidente Javier Milei.**

**Quien también cuestionó duramente la sentencia fue la exministra de Seguridad y actual diputada Patricia Bullrich, impulsora original del protocolo. “Fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos”, afirmó, y sugirió que el fallo responde a intereses políticos. “¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización. Los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, escribió.**

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